Grave denuncia contra una fiscal y jueces de San Martín en una causa por trata de personas sexual y venta de drogas

Grave denuncia contra una fiscal y jueces de San Martín en una causa por trata de personas sexual y venta de drogas

Las imágenes del allanamiento realizado en 2019 difundidas por la Policía Federal: hoy la causa va camino de convertirse en escándalo

PRIMER PLANO EN LÍNEA EXCLUSIVO: Dos camareras, un juez de Garantías y un fiscal del Departamento Judicial de San Martín acaban de recibir una denuncia para investigar su actuación en un caso de explotación sexual de mujeres y venta de drogas.

La presentación tiene su origen luego de un allanamiento ordenado por la La jueza de Garantías Elena Gabriela Persichini Marco a pedido de la fiscal Vanesa Silvana Leggio, quien anteriormente fuera secretaria en el juzgado a cargo del mencionado magistrado. En el caso 8380-18, se realizó un allanamiento en la calle D’Onofrio al 200 de Ciudadela, comuna de Tres de Febrero, donde fueron detenidas e imputadas varias personas, lo cual se hizo visible en diferentes medios.

Las personas que testificaron en el caso fueron claras: después del allanamiento, allí continuó la prostitución y se vendía cocaína. Pero quien manejaba el «negocio» tras la medida judicial no era la persona que había sido detenida sino un nuevo personaje descrito con nombre y apellido. Es decir, el sospechoso fue detenido, pero el crimen en cuestión no cesó.

Tras el trámite judicial, se presentó el dueño del inmueble, de apellido Camarena, con las escrituras que acreditan su propiedad, solicitando a la justicia que le permita enajenar sus departamentos para clausurarlos. Sin embargo, a pesar de sus insistentes pedidos, el caso tuvo una decisión que fue la orden de aprehensión en su contra, sin elementos y solo por ser el dueño.

El juez (ex titular de la fiscalía) ordenó la detención del dueño del inmueble, fundamentando la medida en el riesgo procesal que se demostró por el hecho de no ser encontrado en el domicilio señalado en sus escritos iniciales. Lo que argumenta la defensa de Camarena es que la dirección utilizada por el juez nunca había sido utilizada por el sujeto sino que “fue inventada” por el magistrado al momento de ordenar el allanamiento en su contra. Por esta razón, porque lo fueron a buscar a un domicilio que no le pertenece, lo declararon en rebeldía con la justicia.

Estos dos casos se encuentran prácticamente en punto muerto, sin avances en la Fiscalía N° 9 de San Martín. La explicación formal brindada a las partes en litigio es que “en nuestro país la prostitución no es ilegal”, según fuentes con acceso al expediente a Primer Plano Online. Todo esto ocurre “por la total inacción del fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, y de toda la cadena judicial encargada de prevenir la comisión de ilícitos”, completaron.

Hubo un nuevo giro en el expediente recientemente esta semana con el inicio de una denuncia penal contra los magistrados de la Sala I de la Corte de Apelaciones de ese Departamento Judicial, Jorge Andrés Álvarez y Mariano Andrés Porto, que ahora se encontraba radicado en la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos de San Martín bajo el IPP número 15-00-12846-22.

“No podemos tolerar ningún tipo de impunidad por parte del aparato estatal. Siempre que se advierta un incumplimiento de los deberes de un funcionario público, se debe denunciar”, enfatizó Castro Bianchi, abogado de una de las partes involucradas en la investigación. Su cliente, que trabajaba en el edificio como portero, está siendo procesado por este caso que se encamina a un escándalo. Aunque el abogado prefirió no referirse al caso específico, afirmó que «Si yo estuviera en el lugar de los acusados, estaría más que preocupado».

El resto de los abogados denunciantes también prefirieron esperar a que el escrito llegue a la fiscalía de magistrados y que se unifiquen las tres denuncias para ser investigadas por una Fiscalía ajena a San Martín para garantizar la objetividad en la intervención. Los querellantes coinciden en que, de acreditarse los hechos invocados, más de un funcionario judicial debe recibir el mismo trato que los imputados. Es decir, el arresto primero y la posterior expulsión es el único camino a seguir.

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