habló la jueza que resolvió el caso del joven que realizó dos amenazas de bomba en escuelas de Morón

habló la jueza que resolvió el caso del joven que realizó dos amenazas de bomba en escuelas de Morón

Amenaza de bomba DDI Morón
Una de las tantas diligencias realizadas por personal de la DDI Morón por amenazas de bomba en escuelas

Graciela Julia Angriman, la jueza que resolvió uno de los muchos casos abiertos en la justicia de Morón por el delito de intimidación pública (tras la enorme cantidad de amenazas de bomba que se dieron en escuelas de la región occidental), es uno de esos funcionarios autoridades judiciales que no tienen problema en explicar sus decisiones a la comunidad. En este caso, a través de un medio como Primer Plano Online, con el que acordó hablar telefónicamente para exponer el objetivo que perseguía al esclarecer, por una vía alternativa a la estrictamente delictiva, un crimen que generó un fuerte revuelo y desorden cuando fue cometido. .

En rigor, el magistrado terminó de firmar una resolución que se desarrolló entre el imputado, cuya identidad no trascendió, la fiscal Daniela Barrozo («ha investigado diligentemente todos estos episodios», valoró el juez) y los abogados de la Municipalidad de Morón. . Había dos caminos: o ir a prisión condicional, porque el imputado carece de antecedentes pero que en su expediente queda como sentencia en su contra, o buscar un camino alternativo que le permita reparar el daño causado. Y eso fue lo que se logró.

“El espíritu es buscar alternativas al proceso penal y prisión por delitos que tienen penas leves, como la intimidación pública por la que se imputa a esta persona, y encontrar soluciones eficientes, es decir, que tengan una utilidad social”, describió el juez en diálogo con Primer Plano Online.

AUDIO: EL TESTIMONIO DE LA JUEZ GRACIELA JULIA ANGRIMAN


Entonces, se metió de lleno en lo que fue el fracaso. “La suspensión del proceso de juicio es la suspensión del proceso en condiciones de juicio. Esta persona se encuentra, por dos años, suspendida en el proceso en la medida en que cumpla con las siguientes condiciones: pagar 60 mil pesos que van al Municipio de Morón como indemnización por los daños causados, ya que se le acusa de haber realizado dos llamadas intimidatorias. Eso causó alarma», dijo.

Y profundizó: “Además, hacer trabajo comunitario a favor de un merendero dos horas a la semana, con todo lo que eso implica, pero es una forma de resarcir socialmente lo causado. Y también tiene que donar, a favor del Estado, el celular que se encuentra secuestrado en el proceso y es uno de los modelos de más alta gama, y ​​no cometer ningún tipo de delito.

El monto se fijó de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Municipalidad con base en los operativos que debieron montarse para los respectivos desalojos y la Fiscalía, y es proporcional a la capacidad de pago del imputado, quien es un joven que estudia y trabaja. . Lo pagará en seis cuotas mensuales consecutivas, pagando cada cuota del primero al décimo de cada mes, a partir del mes de marzo del año en curso. “Una sentencia suspendida es menos restrictiva que este tipo de salidas, que es mucho más efectiva porque también tiene utilidad social”, dijo Angriman.

“Si se cumple, se cierra el proceso y, eventualmente, se extingue la acción penal. Si no cumple, se revoca todo, va a juicio para que, eventualmente, pueda ser sentenciado”, dijo el magistrado, quien no pudo explicar, porque no salió de la investigación, por qué el niño hizo las amenazas. . “Es la pregunta del millón”, respondió la jueza cuando Primer Plano Online le interrogó sobre el móvil. Es que el imputado se acogió al derecho a no declarar en su contra y ejerció el silencio como defensa. Lea, no se ha podido dilucidar si hubo otra motivación fuera del comportamiento individual.

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.